(...) Era la obligación de defenderte y yo creo que uno está obligado
a defenderse, porque la propia vida es sagrada.
Marcelo Birmajer
El proyecto de Ley de Procedimiento Laboral, todavía en trámite, introduce un nuevo concepto de responsabilidad del empresario que ya recogía la Ley de Prevención de Riesgos de 1995. Recordemos que dicha ley impone al empresario una serie de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, convirtiéndole en responsable y garante de la seguridad en el seno de la empresa.
Se trata de un deber de carácter genérico que no se agota con dotar al trabajador de los medios normales de protección sino que, por el contrario, se complementa con el deber de vigilancia del contenido de sus instrucciones, incondicionado e ilimitado aun en supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador.
Este concepto de deudor de seguridad recogido, como venimos diciendo, en la LPRL y desarrollado por la jurisprudencia, ha inspirado de forma evidente al anteproyecto de Ley de Procedimiento Laboral que todavía se debate, con la consecuencia de que se traslada al empresario la carga de la prueba, de tal forma que este tendrá que demostrar, ante un accidente de trabajo o denuncia, que adoptó todas las medidas normativas exigibles para evitar el accidente. Dicho de otro modo, se presume su culpabilidad en tanto en cuanto no se demuestre lo contrario, con lo que el empresario estará obligado a probar su inocencia.
Viene al caso recordar que las responsabilidades que pueden exigirse a un empresario en esta materia, por la omisión o actuación contraria a la normas, van desde las administrativas y civiles por daños y perjuicios, hasta las penales.
Responsabilidad administrativa: sanciones económicas que van desde los 40 hasta los 819.780 euros de multa, según se trate de leves, graves o muy graves. Cuando concurran circunstancias de especial gravedad, cabe la suspensión de la actividad por cierre del centro de trabajo.
Responsabilidad civil: consistirá básicamente en satisfacer una indemnización de daños y perjuicios, que será fijada por el tribunal con carácter discrecional en atención a las circunstancias concurrentes y a los daños realmente producidos.
Existe también una responsabilidad civil derivada de la penal, según la cual la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta, obliga a reparar los daños y perjuicios por él causados. La responsabilidad establecida comprenderá la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales.
Responsabilidad penal: el delito contra la seguridad y salud en el trabajo, tipificado en el art. 316 y 318 del Código Penal, impone penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses, a aquellos que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que se pongan en peligro su vida, salud o integridad física. También art. 148,138,146 y 621 del Código Penal en cuanto a delitos y faltas de lesiones y de homicidio.
Como decimos, la nueva ley se asienta sobre la presunción de culpabilidad del empresario: a este le corresponde probar que se tomaron en cuenta todas y cada una de las medidas que debieron evitar el accidente, incluida la protección del trabajador frente a su propia imprudencia. Posición compleja que sin duda derivará en un aumento de la litigiosidad, donde el Ministerio Fiscal y la Inspección de trabajo a través de sus informes van a incrementar considerablemente su protagonismo.
Para la mayoría de las empresas, la prevención de riesgos ha tenido hasta ahora carácter meramente burocrático, práctica insuficiente -consentida por las administraciones- que ha creado un mal suelo de barbecho en el que aflorarán, sin duda, sentencias condenatorias como consecuencia de la dificultad probatoria.
Para la empresa, la prevención de los riesgos, a través del estudio profesional, implantación y control real de los mismos, se convierten en el único mecanismo de protección de los intereses no sólo de sus empleados, sino de los suyos propios.
