El pasado mes de noviembre, en este mismo blog, nos referíamos a la inseguridad jurídica que suponía acudir a los despidos objetivos basados en “perdidas previstas”, inseguridad que tenía su origen tanto en la propia redacción del precepto, como en la ausencia del desarrollo reglamentario anunciado por el gobierno.
Pues bien, se diría que la ausencia de movimientos por parte del gobierno respondía a una estrategia claramente preconcebida, pues según publicó el diario Expansión hace unos días, esta materia se ha convertido en “moneda de cambio para conseguir que los sindicatos apoyen su polémico proyecto de elevar hasta los 67 la edad de jubilación”.
Lo que el gobierno ofrece, según el reglamento que desarrolla los despidos colectivos al que ha tenido acceso dicho diario, es que las empresas con previsión de pérdidas demuestren que “éstas no tienen un carácter meramente coyuntural”.
Es decir, todas aquellas sociedades que atraviesen una delicada situación financiera, presumiblemente temporal, quedarían fuera de la posibilidad de acogerse al despido de 20 días, según el borrador. Según dicho documento, las empresas se verían obligadas a justificar el despido mediante la presentación de las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos (debidamente auditados en su caso) y un informe técnico sobre el carácter y evolución de esa previsión de pérdidas basado en dato obtenidos a través de las cuentas anuales; datos del sector al que pertenece; evolución del mercado y posición de la empresa en el mismo.
No deja de tener su gracia que las empresas deban demostrar si la situación de dificultad que atraviesan es o no meramente coyuntural, cuando ni el gobierno, ni las voces más sabias en materia económica, saben concretar si la crisis que nos afecta es "meramente coyuntural" o un cambio de tendencia estructural en la economía mundial.
